Hacia una agenda de desarrollo local

Por: Psic. Alejandro Cruz Solano

Hay dos elementos fundamentales para entender la respuesta de un Gobierno hacia sus ciudadanos, la primera, definir su dinámica y segundo, si responde institucionalmente a las demandas de éstos. 

En el primer caso, se puede definir a una Administración por su fortaleza o precariedad, de ninguna manera podrá asegurarse que un Gobierno es precario institucionalmente si éste carece de recursos económicos para sostener el desarrollo pues, éstos (los recursos) no lo definen, sino que lo retan a buscar alternativas creativas a los objetivos planteados. En el segundo caso, la respuesta institucional a las demandas ciudadanas depende de la capacidad de la calidad de una Administración. La fortaleza de una Administración Pública depende de su propuesta de corto, mediano y largo plazo. Y sus acciones no responden a intereses coyunturales sino a mecanismos donde éstos alcanzan a los individuos generadores y receptores de las acciones de un Gobierno, del planteamiento de propuestas de los primeros y a la alternancia entre ambos. 

Así, un primer elemento de una agenda está en la propuesta o plataforma política – ideológica de un Gobierno (las ideas), seguidamente, ésta tiene que concretarse por un Proyecto de Gobierno Plan de Desarrollo Municipal, Estatal o Nacional), en éste se definen las ideas, bien que pueden constituirse en un simple trámite legal o normativo (por que así lo indique la norma) o puede ser un modelo de desarrollo que articule las propuestas de los ciudadanos y  la visión de una Administración. La construcción de un Plan de Desarrollo,  tal como lo plantea la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es democrática cosa que, a la hora de construirlo  se elabora desde la perspectiva de un Gobierno o se aplica según el criterio normativo, ambos rebasan la posibilidad de construir un Plan como un proceso. 

Para una agenda de Desarrollo que planee éste mismo democráticamente implica necesariamente una concepción de la participación y una del desarrollo social. Por ejemplo, es muy común que la concepción de participación ciudadana es hacer foros de consulta popular donde ya están preestablecidos los mecanismos de levantamiento de información sin canales de diálogo, sino más bien estandarizar los datos que una institución gubernamental requiera o demande. Una experiencia planteada en el sentido de un proceso implica por lo menos tres cosas, la primera, una acción organizada de acercamiento hacia los actores (sean quienes sean), mismos que bajo un esquema ordenado y lógico permita levantar información sobre su realidad territorial; segundo, una acción de ordenamiento territorial que facilite operar en bloques y problemas comunes estrategias de desarrollo a las necesidades y problemas planteados desde su lógica de esos actores. Y finalmente, el problema territorial, leído y socializado en bloques regionales y compartidos en la toma de decisiones nos debe llevar a la construcción de una agenda de desarrollo en donde los actores buscan de manera creativa soluciones a sus necesidades – demandas. 

En este sentido, el proceso es una construcción de diálogo verticalmente hablando y no la imposición de una acción gubernamental definida técnicamente y valorada en los criterios de demanda de los ciudadanos. Aquí hablo ya de una acción que no responde a la coyuntura de intereses de grupo, sino que construye al mismo tiempo que promueve el desarrollo local con y desde los sujetos involucrados en él. Es ya una política pública y a su vez una política social, entendiendo a la primera como una acción estratégica y a la segunda como un conjunto de decisiones que se orienta a reducir y prevenir un riesgo social. 

Por estas razones ser Gobierno no es una tarea exclusiva o con tendencias para conservar el poder, solo si éste puede traducirse en una fortaleza institucional cuya base se refuerza en la medida en que los ciudadanos exigen, conocen y conducen el futuro deseado con los recursos institucionales y las acciones que un Gobierno pueda abrir. De otra manera, si se desarrollara todo lo contrario a ello, estaríamos hablando de un sistema precario que debilitaría las vías por donde se fortalecería la Democracia.