Descongelando el Plan B de López Obrador

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó su propuesta de reforma electoral, con el objetivo de fortalecer la democracia y combatir la corrupción en el país. El plan incluía una serie de medidas que buscaban mejorar la representatividad política, fomentar la participación ciudadana y garantizar la transparencia en el proceso electoral.

Entre las medidas propuestas se encontraban la reducción del número de diputados y senadores, la eliminación de los plurinominales, la prohibición de las alianzas electorales entre partidos y la creación de una figura de "revocación de mandato" que permitiría a los ciudadanos destituir a un funcionario electo en caso de incumplimiento de sus promesas de campaña o de faltas graves.

Uno de los principales beneficios que se esperaba de la implementación de estas medidas es la reducción de la corrupción y la impunidad en la política mexicana. La eliminación de los plurinominales, por ejemplo, buscaba acabar con el "dedazo" y el favoritismo en la asignación de cargos públicos, ya que los candidatos serían elegidos por los votantes y no por los líderes partidistas.

La propuesta original de López Obrador también buscaba aumentar la representatividad política y garantizar una mayor participación ciudadana en los procesos electorales. La implementación de la Reforma también favorecería la estabilidad política y el fortalecimiento institucional, al reducir la polarización política y fomentar la participación ciudadana. La eliminación de los plurinominales y la reducción del número de diputados y senadores, por ejemplo, permitiría una mayor eficacia en la toma de decisiones y una mayor agilidad en la aprobación de leyes y políticas públicas, permitiría una mayor cercanía entre los funcionarios electos y sus electores, lo que favorecería la fiscalización y el control de la gestión pública.

Otro beneficio importante de la propuesta de López Obrador era la creación de un marco jurídico más transparente y equitativo, que permitiría una competencia política más justa y democrática. La prohibición de las alianzas electorales entre partidos busca acabar con las coaliciones que buscan mantener el poder a toda costa, en detrimento de la pluralidad y la representatividad de las distintas corrientes políticas.

A pesar de los beneficios potenciales de la Reforma electoral presentado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la propuesta original no logró pasar en el Congreso en su formato original, debido a la falta de consenso entre los partidos políticos representados. Ante esta situación, se hizo necesario aprobar un Plan B con ajustes a la minuta original.

Los principales ajustes realizados en el Plan B consistieron en cambios en las leyes secundarias para compactar la estructura del Instituto Nacional Electoral y quitarle atribuciones al momento de sancionar a los partidos políticos, otra de las propuestas es tener definiciones más específicas sobre delitos electorales, en específico sobre la entrega de dádivas o dinero para condicionar el voto de los ciudadanos.

En cuanto a la eliminación de la revocación de mandato, algunos partidos argumentaron que esta figura podría ser utilizada con fines políticos y generar inestabilidad en el país. Sin embargo, otros partidos y miembros de la sociedad civil defendieron la importancia de esta figura como un mecanismo de rendición de cuentas y participación ciudadana.

Otro ajuste importante en el plan B fue la modificación de algunos artículos relacionados con la fiscalización de los recursos de los partidos políticos, para garantizar una mayor transparencia en el proceso electoral y prevenir el uso indebido de los recursos públicos. Estas modificaciones buscaban también prevenir la corrupción y garantizar una mayor equidad en la competencia política. Entre las modificaciones que sufrió la minuta en materia electoral, destacan la reducción del 50% al 30% del tope de gastos de campaña para los candidatos a cargos de elección popular y la obligatoriedad de los partidos políticos de destinar un porcentaje de su presupuesto a la capacitación y formación política de las mujeres. 

Tras la falta de consenso en el Congreso para la aprobación del Plan B la Reforma electoral presentada por el presidente López Obrador, el partido gobernante en México, Morena, ha buscado descongelar la propuesta y retomar su discusión en el Congreso.

El pasado mes de diciembre, Morena presentó una solicitud formal para que el Plan B fuera discutido nuevamente en el Congreso y se buscara su aprobación. Esta solicitud fue respaldada por otros partidos afines al presidente, como el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Se pretende que en lo que resta de este mes de febrero se descongele el llamado Plan B y se proceda a su trámite y promulgación.

Sin embargo, algunos partidos de oposición han rechazado esta propuesta, argumentando que la iniciativa ya fue discutida y que no se logró un consenso suficiente para su aprobación en su formato original. A pesar de las críticas, Morena ha defendido la necesidad de la reforma electoral y ha argumentado que su aprobación permitiría fortalecer la democracia y combatir la corrupción en México. También han destacado que la reforma incluye medidas para garantizar una mayor transparencia en el proceso electoral y prevenir el uso indebido de los recursos públicos.

La propuesta de Plan B de la reforma electoral impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador comprende reformas a seis leyes. Se presentaron de forma separada, pues cuatro las envió el mandatario a la Cámara de Diputados y dos fueron propuestas por los diputados de la “Cuarta Transformación”, por eso constituyeron dos bloques separados. Las dos últimas reformas legales ya fueron avaladas por las Cámaras y promulgadas; están vigentes desde el 28 de diciembre y fueron cambios a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRASP). Las otras cuatro leyes reformadas son la LEGIPE, la Ley General de Partidos Políticos (LGPP), la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (LOPJF), la derogación de una ley y emisión de una nueva, la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral (LGMIME). Para el destino final del artículo 12 sólo hay dos posibilidades: aprobarlo tal como lo enviaron los diputados, sobre el tema de la “cláusula de vida eterna”, o desistir de mantenerla. Una vez aprobada y publicada, entrarán en vigor todos los cambios, y con ello la obligación del Instituto Electoral de comenzar su transformación.

A pesar de la controversia y las dificultades para su aprobación, la reforma electoral sigue siendo una prioridad para el gobierno de López Obrador y para el partido Morena. Ahora queda por verse si se logrará una aprobación congruente del Plan B y, si las medidas propuestas lograrán cumplir con los objetivos propuestos, sin lugar a dudas, esta reforma sentará un precedente histórico para el país y, quedará en manos de los ciudadanos seguir consolidando esta nueva etapa de la democracia mexicana.