La extrapolación resolutiva de la SCJN es una afrenta contra México

 

Por: Luis Miguel Isidoro

La emisión de un nuevo decreto por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, en respuesta a la declaración de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), como resolutivo por la impugnación efectuada por el INAI, ha generado un nuevo episodio en la lucha de poderes entre el ejecutivo y el judicial en México. La rápida acción del presidente ha sido interpretada por algunos como una muestra de su determinación para proteger los proyectos de interés público, mientras que otros lo ven como un desafío a la autoridad del poder judicial. La reciente disputa entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha generado un debate acerca de la jerarquía y relevancia de los poderes ejecutivo y judicial en el marco de la democracia. La Corte se ha extrapolado en sus decisiones, lo que podría interpretarse como una afrenta al presidente.

El nuevo decreto emitido por el presidente López Obrador tiene como objetivo blindar el Tren Maya, el Corredor Interoceánico y los aeropuertos de Chetumal, Tulum y Palenque, considerándolos proyectos de seguridad nacional y de interés público. Estos proyectos son fundamentales para el desarrollo económico y social del país, y su clasificación como seguridad nacional permitirá agilizar su ejecución y proteger la información relacionada.

En primer lugar, es crucial recordar que tanto el poder ejecutivo como el judicial son componentes esenciales de un sistema de gobierno democrático y tienen roles específicos y funciones definidas en la Constitución. La Suprema Corte, como máximo órgano judicial, tiene la responsabilidad de interpretar y aplicar la ley de manera imparcial y velar por el respeto a los derechos fundamentales y el Estado de Derecho.

Si bien el poder ejecutivo es elegido por el pueblo a través de elecciones democráticas, su relevancia no radica únicamente en el mandato popular, sino también en su deber de gobernar y administrar los asuntos públicos de acuerdo con la legalidad y los principios democráticos. Ambos poderes son fundamentales y deben actuar como contrapesos para garantizar la separación de poderes y la protección de los derechos de los ciudadanos.

En cuanto a la afirmación de que la Suprema Corte se ha extrapolado y busca hacer una afrenta a México y a AMLO, es importante recordar que los jueces tienen la responsabilidad de ser independientes y no estar sujetos a presiones políticas. Su deber es aplicar la ley de manera imparcial y velar por los principios constitucionales. Las decisiones de la Corte se basan en la interpretación de la ley y en su compromiso con la protección de los derechos y las libertades de los ciudadanos, sin embargo, sus decisiones en últimas fechas han vislumbrado estar en contra de varias acciones de gobierno que buscan proporcionar bienestar y desarrollo a la población mexicana, de ahí que pareciera que estuvieran en contra del país cuando deberían procurar permear plena imparcialidad ante la opinión pública.

La lucha de poderes entre el poder ejecutivo y el judicial no debe ser vista como algo negativo per se, sino como un mecanismo de equilibrio y control que salvaguarda la democracia y el Estado de Derecho. La propuesta del presidente de someter a Consulta Popular la necesidad de reformar al poder judicial con la posibilidad de democratizar el proceso de la elección por voto popular de jueces y magistrados, es totalmente válida y necesaria, son mecanismos de participación ciudadana que ya se encuentran en la Constitución y es viable realizarlas cuando se consideren temas de interés nacional prioritarios, con procesos vinculantes establecidos claramente de ser procedentes.

El presidente está actuando dentro de sus facultades legales y en línea con su compromiso de impulsar proyectos estratégicos para el desarrollo nacional. La clasificación de estas obras como seguridad nacional es necesaria para garantizar su continuidad y protegerlas de posibles obstáculos burocráticos.

Además, la SCJN se ha excedido en sus decisiones, y la respuesta del presidente es una forma legítima de defender los proyectos que considera fundamentales para el bienestar del país. En este sentido, se destaca la jerarquía y relevancia del poder ejecutivo, que deriva de su elección popular y su mandato para gobernar y tomar decisiones en beneficio de la ciudadanía.

El nuevo decreto emitido por el presidente López Obrador en respuesta a la declaración de inconstitucionalidad de la SCJN, marca un nuevo capítulo en la lucha de poderes entre el ejecutivo y el judicial en México, el INAI que había promovido recursos de impugnación, en esta ocasión ya no podrá hacerlo por estar inoperante como Instituto con varios procesos parados. Mientras algunos defienden la acción del presidente como una medida legítima para proteger proyectos de interés público, otros expresan preocupación por el respeto a las decisiones judiciales y la independencia de los poderes.

En una democracia saludable, es esencial que los poderes ejecutivo y judicial trabajen de manera independiente y respeten las decisiones y límites establecidos por la Constitución. Ambos poderes desempeñan roles fundamentales y deben actuar como contrapesos para garantizar el equilibrio y la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos.

Es natural que surjan tensiones y conflictos entre los poderes ejecutivo y judicial, ya que cada uno busca salvaguardar sus prerrogativas y visiones sobre la gobernabilidad y la justicia. Sin embargo, es importante que estos conflictos se resuelvan de manera constructiva y a través de los mecanismos legales y constitucionales establecidos. Esto fortalecerá la democracia y garantizará un equilibrio de poderes que beneficie a todos los ciudadanos.