Por: Luis Miguel Isidoro
En el complejo entramado de la política mexicana, la reciente aprobación de la Reforma Judicial por la Cámara de Diputados y el Senado se erige como un hito significativo, pero también como un campo de batalla lleno de desafíos y fantasmas antidemocráticos. El llamado Plan C del presidente Andrés Manuel López Obrador, que promete transformar la forma en que se eligen los jueces, magistrados y ministros del Tribunal Superior de Justicia, es visto por algunos como un avance democrático, mientras que otros lo perciben como una amenaza a la independencia judicial. La dicotomía entre el optimismo popular y las inquietudes críticas revela una tensión fundamental en la lucha por una justicia verdaderamente representativa.
La reforma ha superado obstáculos significativos en su camino hacia la aprobación. En la Cámara de Diputados, la iniciativa fue aprobada con 357 votos a favor, 130 en contra y 0 abstenciones. Este resultado refleja una clara mayoría calificada entre las fuerzas políticas oficialistas, con el bloque oficialista impulsando la reforma y la oposición manifestando sus reservas.
En el Senado, la votación fue igualmente reñida, con 86 votos a favor, 42 en contra y 0 abstenciones. Estos números revelan que el pueblo de México otorgó el poder decisivo al oficialismo para llevar a cabo la Reforma Judicial en México.
La Reforma Judicial es un paso histórico que marcará un antes y un después en la impartición de justicia en México. Esta reforma busca democratizar el Poder Judicial, un bastión que por años ha permanecido en manos de unos pocos privilegiados, alejados del sentir del pueblo y dominado por intereses ajenos a la justicia.
El hecho de que ahora se proponga la elección de jueces y magistrados a través del voto popular es un avance fundamental hacia la verdadera participación ciudadana. No más jueces que actúan en favor de intereses particulares, sino servidores públicos elegidos por el pueblo, para el pueblo, lo que garantizará que respondan a las necesidades y demandas de una sociedad que clama por justicia imparcial y honesta.
Se acabará la critarquía, ese gobierno de los jueces que ha pretendido imponerse como un poder por encima de la Constitución y del resto de los poderes de la República. Con esta reforma, dejamos atrás la parcialidad y la impunidad que han caracterizado a un Poder Judicial controlado por influyentes y poderosos, y damos paso a un sistema más justo, transparente y equitativo.
La propuesta sugiere que la elección popular de jueces podría romper con una tradición de elitismo y opacidad en el poder judicial, al tiempo que ofrece una oportunidad para que los ciudadanos tengan una voz más directa en la justicia. Sin embargo, este cambio no está exento de riesgos.
El Plan C, al ser presentado como un regalo del pueblo al presidente López Obrador, pone de relieve la compleja intersección entre la política y la justicia. Si bien la reforma puede ser vista como un intento de hacer justicia más accesible y democrática, también es necesario cuestionar si este enfoque realmente resolverá los problemas subyacentes del sistema judicial o simplemente trasladará las mismas dinámicas de poder a un nuevo escenario.
La lucha del pueblo frente al gobierno de los jueces es, en última instancia, una lucha por el equilibrio entre la participación democrática y la independencia judicial. Es imperativo que, al avanzar en la reforma, se mantenga un firme compromiso con los principios de justicia imparcial y se eviten los riesgos de una mayor politización del sistema. La verdadera victoria para el pueblo no será simplemente la aprobación de una nueva ley, sino la creación de un sistema judicial que funcione con integridad, equidad y eficacia para todos los ciudadanos.
La apatía y el desánimo han sido durante mucho tiempo los aliados silenciosos de un sistema judicial percibido como distante y ajeno a las necesidades del ciudadano común. La frustración ante sentencias incomprensibles y la sensación de una justicia selectiva han erosionado la confianza en las instituciones. En este contexto, la promesa de una justicia "del pueblo y para el pueblo" resulta seductora.
El Plan C de AMLO, que busca transformar radicalmente el sistema judicial mexicano, es sin duda audaz.
Los alcances de esta reforma son vastos y transformadores:
- Elección popular de ministros, jueces y magistrados: Este es el cambio más radical y controvertido. Implica un giro de 180 grados en la forma en que se selecciona a los impartidores de justicia.
- Creación de 2 órganos de control judicial: Un ente disciplinario y otro administrativo. Estos sustituirían al actual Consejo de la Judicatura Federal, con el objetivo de aumentar la supervisión y reducir la corrupción en el poder judicial.
- Fortalecimiento de la justicia local: Se busca dar mayor autonomía y recursos a los tribunales estatales para mejorar su funcionamiento.
La propuesta de reforma incluye que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial presenten listas de candidatos a ministros y magistrados sobre las cuales vote la gente. También acortaría la plantilla de ministros en la Suprema Corte, de 11 a 9, con una presidencia rotatoria cada dos años, dependiendo de qué juez haya sacado un mayor porcentaje en el voto, usando un sistema por representación proporcional. La duración de los cargos también se regiría a través de este sistema: 14 años los que hayan sido más votados, 11 y 8 los que menos. Contempla dos elecciones para renovar los cargos del Poder Judicial, la primera de ellas extraordinaria, en junio de 2025, y una segunda en 2027 gradual para jueces, en la cual se abre la posibilidad de democratizar el acceso al ejercicio del poder judicial.
El proceso de implementación de esta reforma consta de varias etapas:
- Aprobación en los congresos locales: Al tratarse de una reforma constitucional, se requiere la aprobación de la mayoría de las legislaturas estatales, etapa que al cierre de esta edición ya se había dado en 17 de los 32 estados de la república, siendo: Oaxaca, Tabasco, Tamaulipas, Quintana Roo, Veracruz, Baja California Sur, Yucatán, Nayarit, Colima, Morelos, Baja California, Durango, Puebla, Campeche, Tlaxcala, Sinaloa y Guerrero.
- Una vez que el proyecto de ley es aprobado por la Cámara de Diputados y la de Senadores, así como del Constituyente permanente, se comunicará al Ejecutivo Federal, firmado por los presidentes de cada una de las cámaras. Corresponde en este momento al presidente de la República, en caso de que esté de acuerdo con la totalidad del proyecto, proceder a sancionarlo y a disponer que se promulgue como ley. Cabe señalar que la sanción "es el acto de aceptación de una iniciativa de ley o decreto por parte del Poder Ejecutivo", establecido en el artículo 72 de la Constitución Mexicana. Las reformas constitucionales en México comienzan a regir el mismo día en que son publicadas en el Diario Oficial de la Federación, excepto que el Constituyente establezca una fecha específica de entrada en vigor.
- Legislación secundaria: El Congreso deberá elaborar y aprobar las leyes secundarias que definirán los detalles operativos de la reforma.
- Transición institucional: Se deberán crear los nuevos órganos y modificar los existentes, lo que implicará cambios administrativos y de personal significativos.
- Implementación de los nuevos procesos de selección: Se tendrán que diseñar y poner en marcha los mecanismos para la elección popular de jueces y magistrados.
Mientras celebramos este triunfo de la voluntad popular, debemos mantenernos vigilantes. La verdadera lucha no termina con la aprobación de una ley, sino que reinicia una nueva etapa con su implementación coordinada y acorde a lo planteado. El pueblo mexicano, en su sabiduría, deberá encontrar el delicado balance entre una justicia cercana y una justicia independiente. Sólo así podremos exorcizar los fantasmas antidemocráticos que amenazan con socavar los cimientos mismos de nuestra república.
La transformación que propone esta reforma es clara: garantizar que el Poder Judicial no sea más un órgano que se imponga por encima del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, sino uno que trabaje en armonía con ellos, respetando sus atribuciones y el proceso legislativo en curso. Así, se fortalecerá el Estado de Derecho y se consolidará una justicia verdaderamente democrática, al servicio de todos los mexicanos.
Este es un paso más hacia la Cuarta Transformación, hacia el Humanismo Mexicano, hacia el México que todos deseamos, donde la justicia no sea un privilegio de unos pocos, sino un derecho de todos. Con esta reforma, avanzamos hacia un país más justo, más democrático y más equitativo, donde el pueblo tiene la última palabra.
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