Por: L.A. Luis Miguel Isidoro
El uso de los recursos
públicos debe ser el vehículo por el que el 'Estado' cumpla sus fines
trazados en relación a sus ingresos, asegurando bienestar social y desarrollo
económico, y no realizar actos de malversación política para concepción
electoral. En ese sentido y ante los próximos comicios que se realizarán en 14
entidades del país debe vigilarse a conciencia ante las instancias
correspondientes la operación de los programas de carácter público y poner
mayor énfasis en el recién creado llamado “Cruzada Nacional contra el hambre”.
La clase política debería exhortar al Gobierno Federal a
suspender en breve el programa social, a fin de garantizar certeza en los
comicios electorales y librar especulaciones de su uso con fines electorales.
No se puede esconder los niveles de pobreza que existen en el país y la
urgencia de atender el tema de manera prioritaria, sin embargo, debe cuidarse
que su aplicación se focalice a los lugares que realmente lo requieran y no
coincidentemente en lugares donde habrá elecciones que es cierto que lo
requiere, pero que podrían ubicarse en segunda o tercera etapa de aplicación. Los
partidos de oposición “callan”, víctimas de su propia atadura orgánica,
subyugados bajo un “Pacto por México”, semi-Institucional por carecer del respaldo
de la amplia mayoría de sus bases, sin estabilidad en su conjunto, los 'Legisladores' pareciera que duermen bajo el eco de ese acuerdo.
Puede vislumbrarse un manejo perverso de los recursos como
instrumento electoral para comprar votos a favor del partido en el poder, votos
cooptados, aprovechándose del hambre en que se vive. En la época monárquica mexicana,
después de los tratados de córdoba, se ofrecían dádivas al pueblo a cambio de
someterse bajo el yugo del Imperio Mexicano y estar a su
servicio, gobernado por Agustín de Iturbide primero y por Maximiliano
de Habsburgo años después, hoy en día, la situación no ha cambiado,
sólo se disfraza de programas de oportunidades económicas en un neoliberalismo
imperialista.
Es necesario seguir motivando una transformación gradual de la
conciencia ciudadana donde emerja una profunda transformación del Estado,
excepcional de inicio, de carácter permanente en las futuras generaciones, una
generación revolucionaria de ideas que comprenda que sus impuestos deben
devolverse a través de beneficios directos meritorios de origen y no por servir
al presidencialismo o al ente político.
En el país existe una realidad generacional aún cuando no se
quiera afrontar, México se está saturando con una población longeva, mayor
de 60 años, que no percibe ingreso alguno y apenas sobrevive en la pobreza,
presa fácil de acciones electorales y víctima del abandono social. Es necesario
avanzar en su atención mitigando la frívola desprotección en materia
alimentaria, de seguridad social derivada de la desigualdad y la pobreza en que
viven, sin empleo, sin pensión, sin asistencia social.
Es necesario actuar, revolucionando las ideas para promover
el arribo de una sociedad con bases comunes de protección social, con oportunidades
de empleo y condiciones de vida igualitarias, sin discriminación, donde el
sistema democrático conlleve a la construcción de ciudadanía, libre, informada,
con conciencia social que se refleje en el ingreso per cápita de cada ciudadano
y en su diario vivir, con mejor calidad de vida, una sociedad feliz, donde exista
una cultura social de verdadera democracia, libre y responsable.
Las pasadas elecciones presidenciales del 2012 fueron
el reflejo de un tejido social descompuesto, víctima del sistema electoral
rebasado, caduco, pero efectivo para el servicio del sistema, con baja
credibilidad de libertad de votos responsables y conscientes. Caminamos hacia
la próxima ruta electoral presidencial en el 2018, es notorio que se requiere una Reforma electoral profunda e
igualitaria, sin maquillaje, las próximas elecciones de 14 Estados
serán un ensayo que reflejará un avance o un retroceso democrático, no es
válido seguir usando los recursos públicos con fines electorales para perpetuar
una hegemonía partidaria, donde su fiscalización se use con medidas coercitivas,
represivas y acallantes, México necesita levantarse de este modelo económico, y
para ello se necesita seguir concientizando a su ciudadanía.
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